El Ministerio Público busca anular la resolución que archivó el proceso relacionado con los presuntos aportes irregulares a las campañas presidenciales de 2011 y 2016. En la acusación más reciente, la Fiscalía solicita 35 años de prisión para la lideresa de Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos.
El archivo del caso se produjo luego de una sentencia del Tribunal Constitucional que concluyó que los hechos investigados no constituían delito en la etapa de control judicial. La defensa de Keiko Fujimori respalda la decisión y espera que el colegiado confirme el cierre definitivo de una de las investigaciones más emblemáticas de la política peruana.

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